El informe preliminar de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos, en la última reflexión, es preciso y lapidario: “la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”. El Informe no puede descalificarse ni desdeñarse, es una radiografía analítica de la reforma judicial, la selección de candidaturas, la actuación de autoridades electorales materializada en diversas decisiones, así como el uso de los acordeones y los efectos que las elecciones judiciales tendrán en la democracia mexicana.
No comparto la reacción del gobierno federal que, en un comunicado inmediato de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acusó a la Misión de extralimitarse en sus funciones y de incurrir en acciones contrarias a los postulados de su carta de organización, en particular a su artículo 3. Empiezo por señalar que los observadores acreditados por la OEA integran un grupo plural de expertos en diplomacia, derecho electoral y en diseño, regulación y funcionamiento de poderes judiciales; no se trata de personas improvisadas sino de auténticos especialistas con amplio reconocimiento en la región.
En esencia, el artículo 3 de la Carta de Organización de la OEA consagra el principio de no intervención en la vida interna de los Estados, tal y como se indica en su inciso “e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. Principio que, sobra decir, no se vulnera cuando la OEA participa en misiones de observación electoral por invitación expresa, en este caso, del INE, con el que se suscribió el correspondiente Acuerdo de participación, lo mismo con la Secretaría de Releciones Exteriores, con la que se suscribió otro Acuerdo para fijar los protocolos que permitieron el desarrollo de las actividades de la Misión y, sobre todo, para reiterar el respeto al principio de libertad de expresión.
La reacción gubernamental es preocupante porque expresa el talante autoritario que caracteriza al Estado mexicano y, porque evidencia que, más allá de las críticas y opiniones argumentadas del Informe, hay un peligro latente al principio constitucional de libertad de expresión consistente en que si al gobierno no le gustan las opiniones críticas, las reflexiones que exponen los vicios y deficiencias, en este caso de la reforma judicial y sus elecciones, entonces descalifican y atacan a sus emisores. El Informe no es el problema, el problema y de lo que debemos cuidar a la República, es la desmesurada e insólita reacción del gobierno que se ha vuelto el sello de la casa desde hace siete años.
El Informe debe ser leído con objetividad porque no contiene agresiones al Estado mexicano ni extralimitación alguna de las atribuciones de la OEA que vulneren las normas y postulados que la rigen. Si el gobierno de la 4T tuviese sensatez política y convicciones realmente democráticas consideraría las recomendaciones de la Misión, que son coincidentes con amplios sectores de la población mexicana, para impulsar una reforma a la reciente reforma judicial de cara a las elecciones de 2027, a menos que se quiera repetir el modelo de Durango y Veracruz con casillas separadas e imposición de candidaturas simpáticas al régimen con el ilegal uso de acordeones.
Las elecciones judiciales en México desmoronaron los contrapesos que la SCJN opuso a la 4T. No habrá administración de justicia favorable al pueblo, falta muy poco para comprobarlo, si no sumisión frente al gobierno. Así que más vale escuchar las voces externas e internas que observan los riesgos que vive nuestra democracia, sobre todo, porque no vivimos en una burbuja aislados del mundo.