A grandes rasgos, un empresario busca generar utilidades a través de una organización que brinde un servicio u ofrezca un producto del interés del mercado comercial. Por su parte, el político ideal busca lograr el bienestar común a través del Estado, con pilares como seguridad, justicia y libertad. En esa lógica, un buen empresario será aquel que logre generar la mayor cantidad de riqueza; mientras que el estadista será aquel que logre una administración pública sostenible a largo plazo, pensando en —y poniendo en el centro— el interés general.
Desde la lógica anterior, los empresarios y los políticos tienen finalidades diferentes y, en consecuencia, sus instrumentos son igualmente distintos. Sin embargo, los empresarios de alto nivel usualmente tienen participación en la vida pública y, por ende, se rozan con la política. Tal vez porque al Estado le interese el apoyo económico de algunos empresarios; tal vez porque al empresariado le interese el buen funcionamiento del Estado para que éste sostenga benéficamente sus inversiones; tal vez por ambición de poder del empresario; tal vez porque indebidamente el político busque generación de riqueza personal; tal vez por varias de —o desafortunadamente por todas— las anteriores.
Por ejemplo, Elon Musk y el presidente Trump han mantenido a lo largo de los años un binomio que genera, según el tema, acuerdos o desacuerdos. En el último capítulo, el apoyo de Musk fue fundamental para que los republicanos regresaran con mucha fuerza al poder. Después, ya en la presidencia, Musk se encargó del Departamento de Eficiencia Gubernamental, enviando un mensaje sobre el enfoque empresarial que pretendía la administración de Trump. Sin embargo, los desacuerdos sobre política fiscal y el alto costo contra las empresas de Musk terminaron escandalosamente —por lo menos de momento— dicha mancuerna.
Otros ejemplos: en México, Carlos Slim se ha mantenido cercano a diversas administraciones, obteniendo con ello Telmex; infraestructura pública; contratos penitenciarios; y ahora, una inversión en Pemex. Lo mismo en España, con Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, quien tiene gran influencia en la obra pública y en redes políticas. Mientras que, en Argentina, Paolo Rocca, fundador del grupo Techint, ha participado activamente en la administración de Milei.
Así, sin importar regiones, el poder empresarial influye en la política de todos los países del mundo. Y como esto sucede sin la necesidad de someterse a procesos democráticos, es crucial cuestionar en cada caso si los empresarios serán aliados estratégicos del Estado o si, por el contrario, capturarán la cuestión pública para satisfacer sus intereses personales.
Ciertamente, la participación del empresariado en la política y en las políticas públicas tiene un potencial positivo al implicar inversión estratégica, innovación y priorización de la eficiencia. No obstante, el riesgo es enorme: captura del Estado, conflictos de interés y una imposición de agendas privadas sobre los intereses sociales de la población, consiguiendo beneficios personales mediante el sacrificio del bienestar social.
Así, entre la participación legítima y la intervención abusiva existe una línea muy delgada. Hay casos positivos que benefician al público y también hay casos en donde la inversión empresarial consolida monopolios, incrementa costos, baja la calidad de los productos o servicios y excluye a poblaciones, como en el caso de telecomunicaciones o farmacéuticas.
La participación empresarial es valiosa cuando es regulada y transparente. Necesitamos límites institucionales a las actividades antimonopólicas, rendición de cuentas o sistemas de vigilancia masiva. Nuestro punto de encuentro será exigir que las inversiones en el Estado no impliquen la privatización de decisiones públicas. Es crucial movernos hacia una visión del empresariado como corresponsable del bienestar, no como sustituto del poder público.